Las personas migrantes, en particular aquellas que se han desplazado recientemente, representan uno de los grupos poblacionales más vulnerables en los países de la región, con dificultades de acceso al trabajo decente, la protección social, la salud, la educación y la vivienda.
La vulnerabilidad de las personas migrantes en los países de destino se vincula con las barreras de acceso a la regularización, puerta principal para el reconocimiento de sus derechos, así como con características sociodemográficas que actúan como marcadores, como la edad, el sexo, el nivel educativo, la pertenencia étnico-racial o la condición familiar.
Las personas migrantes irregulares, en particular, son muy vulnerables a las organizaciones delictivas que se aprovechan de ellas con fines de explotación sexual o laboral (Maldonado, Martínez y Martínez, 2018).
A esto se suma la falta de reconocimiento de esas personas como agentes que contribuyen a las sociedades, las culturas y las economías, además de la persistente estigmatización, discriminación, xenofobia, racismo y aporofobia de que es objeto esta población.
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